Conocimos a la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán en 2007, todos y todas eran comuneros decididos a defender su tierra, porque la concebían como su forma de vida. No pretendían negociar nada,  por eso ganaron las demandas interpuestas contra las empresas transnacionales, para dejar fuera sus tierras del proyecto eólico del Istmo.

Hoy la resistencia se ha extendido a otras comunidades, pero también la represión contra los opositores del proyecto transnacional. Rodrigo Flores Peñaloza y Bettina Cruz Velázquez, dos de los principales defensores del territorio tienen hoy órdenes de aprehensión "por oponerse al servicio público, estar en contra de la riqueza nacional, privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y homicidio".

En entrevista con el también profesor, Rodrigo Flores Peñaloza, expresó que "las empresas españolas han creado un ambiente de persecución a través de sicarios y de autoridades priístas para crear enfrentamiento en las comunidades y que parezca que es un conflicto  interno y no como lo que es: unas empresas transnacionales que despojan del territorio en el Istmo de Tehuantepec".


La situación en el Istmo se ha agrabado desde el 28 de octubre, cuando en el bloqueo que hacían la Asamblea y el Comité de Defensa de los Recursos Naturales de Unión Hidalgo, fueron desalojados a balazos y en medio del tiroteo murió una persona.


A partir de entonces, Flores Peñaloza ha recibido amenazas de muerte y otra orden de aprehensión por la muerte sucitada durante el mencionado bloqueo, a pesar que el activista se encontraba ese día en una reunión que la comisión política de la Sección 22 mantenía con el gobernador Gabino Cué. Ante eso declara "la parcialidad del gobierno de estado me deja pasmado, porque aceptaba que yo había sido el ejecutor aunque había estado en esa reunión".


Asimismo, Flores Peñaloza indicó que los golpes contra el movimiento en defensa de la tierra y el territorio están comandados por el agente municipal de La Venta Ventura Ordaz, el presidente de Juchitán Daniel Gurrión Matías y Pedro Santiago Rasgado, abogado priísta ligado a Ulises Ruiz; todos ellos pagados por las empresas transnacionales.

A pesar de las adversidades, las comunidades siguen firmes en su oposición al proyecto eólico. Hasta el momento la Asamblea en Defensa de la Tierra de Juchitán y colectivos, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, San Francisco de mar, Bienes Comunales de San Mateo del Mar, San Blas Atempa, Santa María Xadani y Álvaro Obregón, son las comunidades que están agrupadas para defender sus tierras.

El movimiento por la defensa de la tierra en el Istmo, tiene ya varios años de vida y es ese tiempo ha sabido conjuntar la resistencia sin afiliar sus demandas a organizaciones dedicadas a negociar ante el gobierno; y por el contrario han buscado rescatar las ideas de los viejos comuneros del Istmo que ven a la tierra como el eje de sus vidas, han hecho sonar una radio movil, han hablado e informado en las comunidades. Por eso siguen de pie.


Así lo dejó claro Florez Peñaloza: "en san Dionisio del Mar, la gente de la comunidad ha dicho que no al proyecto, y en Unión Hidalgo seguimos con el bloqueo en los terrenos, no vamos a permitir que se instale en los terrenos de los que han dicho no al proyecto".


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